Mediación y arbitraje

La reclamación millonaria del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderada por Sacyr Vallehermoso, tendrá que resolverse en un arbitraje internacional independiente, lo que deja en situación de incertidumbre a la citada constructora española. El consorcio GUPC, en el que Sacyr es socio mayoritario junto a la italiana Impregilo, presentó hace ya casi un año una reclamación de 573 millones de dólares, que luego aumentó a 588 millones, por los retrasos que había tenido, especialmente los referentes al comienzo del vertido de cemento en las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Leer más…

El Gobierno prevé ahorrar a los juzgados españoles entre 12.000 y 14.000 casos por concurso de acreedores con la figura del mediador extrajudicial que incorpora la nueva ley de emprendedores y al que se podrán acoger más de cuatro millones de pequeñas empresas (entre autónomos y pymes). Según han informado fuentes del Ministerio de Industria y del Ministerio de Justicia, este mediador, que será designado por el propio Gobierno, hará un estudio patrimonial «rápido» del deudor, realizará un análisis de su situación y compondrá un plan de pagos para salir de ella, «que tendrá que recibir el visto bueno de los acreedores». No obstante, el deudor será el que se encargue de cubrir los gastos del mediador, «pero serán considerablemente más baratos que si acudiese a concurso de acreedores». De esta forma, el Ejecutivo cree que los problemas de pagos de estas pequeñas empresas y autónomos podrían resolverse en un plazo máximo de tres meses.

LES TRIBUNAUX DE JUSTICE DE L’ESPAGNE S’ÉPARGNERONT JUSQU’À 14.000 CONCOURS DE CRÉANCIERS AVEC LE MÉDIATEUR EXTRAJUDICIAIRE POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PYMES). Le Gouvernement de l’Espagne prévoit faire des économies aux tribunaux espagnols entre 12.000 et 14.000 cas par concours de créanciers avec la figure du médiateur extrajudiciaire qui incorpore la nouvelle loi d’entreprenants et à qui pourront recourir plus de quatre millions de petites entreprises (entre autonomes et des PYMES). Comme ont informé des sources du Ministère d’Industrie et du Ministère de Justice, ce médiateur, qui sera désigné par le propre Gouvernement, fera une étude patrimoniale «rapide» du débiteur, réalisera une analyse de sa situation et composera un plan de paiements pour sortir d’elle, «qu’il aura à recevoir l’acceptation des créanciers». Cependant, le débiteur aura l’obligation de couvrir les frais du médiateur, «mais ils seront considérablement moins chers que s’il se présentait à un concours de créanciers». De la sorte, l’Exécutif croit que les problèmes de paiements de ces petites entreprises et autonomes pourraient se résoudre à un délai maximal de trois mois [Le texte continue en espagnol].

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