Mediación y arbitraje

El pasado día 21 de mayo fue publicada en el BOE la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. Asimismo, también fue publicada este mismo día la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Endesa informó ayer de que se ha adherido al Sistema Arbitral de Consumo de Aragón, lo que supone que «los clientes domésticos de la Compañía pertenecientes a su Comercializadora de Último Recurso tendrán, a partir de ahora, garantías adicionales para la resolución de posibles conflictos derivados de la prestación del servicio eléctrico», según subrayó la propia empresa en una nota de prensa, en la que añade que esta decisión supone «un avance muy importante para el fortalecimiento de este sistema de solución de conflictos, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, dado el liderazgo energético de nuestra empresa en la Comunidad».

Por otro lado, desde la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón se ha destacado la trascendencia de que empresas como Endesa asuman el compromiso de someterse al arbitraje, «que revela una mayor sensibilidad social y su aproximación a los patrones que rigen las buenas prácticas en la prestación de servicios, además de ser una muestra clara de su capacidad para mantener los niveles de calidad más elevados en sus relaciones comerciales».

Fuente: Diario del Alto Aragón

El desarrollo de procedimientos de justicia a través de vías informáticas se encuentra en pleno desarrollo. Como muestra, la noticia que publica el medio «La opinión de Málaga«, en la que se hace referencia a la implantación de las notificaciones telemáticas en los tribunales de justicia. «El juzgado de primera instancia número 17 de Málaga capital -señala este medio de comunicación- ha sido el pionero en instalar el sistema informático Lexnet de notificaciones telemáticas, que tiene como objetivo reducir el tiempo de envío y el ahorro de costes en el ámbito de la Justicia. Todos los juzgados de primera instancia de la provincia tendrán implantado este sistema a finales de 2011, según anunció ayer el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, que mantuvo un encuentro con responsables judiciales. «Tenemos que terminar con el papel, como se ha hecho en otras provincias», señaló el consejero. Desde que se implantó en Málaga, con Lexnet se han efectuado 1.001 notificaciones de las más de 250.000 realizadas en órganos de primera instancia de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Esta herramienta informática permite el envío telemático de las notificaciones de documentos judiciales como providencias, autos y sentencias.» Leer más…

El pasado 5 de mayo se celebró la XII jornada del Curso de Especialización sobre Arbitraje que, por séptimo año consecutivo, organiza la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, es uno de los organismos participantes en la iniciativa, junto con la Comunidad de Madrid, elInstituto Madrileño de Administración Pública y el Instituto de Derecho Público de la propia Universidad. Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade, impartió a una veintena de alumnos la ponencia «Arbitraje y arrendamientos urbanos». Leer más…

El sistema de mediación recogido en el Código de Buenas Prácticas que negocian las marcas y los distribuidores automovilísticos, sólo será efectivo para los concesionarios que pertenezcan a una red cuyo 50 % del total se haya adherido voluntariamente al texto definitivo. Este es uno de los puntos recogido en el proyecto de Código de Buenas Prácticas, todavía en fase de negociación, al que ha tenido acceso EFE. En dicho texto se expone textualmente: «el sistema de mediación entrará en vigor con la suscripción de empresas individuales del sector de distribución que representen un 50 % respecto del total de las concernidas por cada marca productora o importadora».

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De las decenas de tratados que regulan las disputas internacionales pocos ofrecen más posibilidades —y pocos son menos utilizados— que los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs). Redactados con un lenguaje general y concluyente que recuerda al de algunas constituciones occidentales, los APPRIs reconocen derechos económicos a las empresas privadas que llevan a cabo actividades fuera de nuestras fronteras; entre esos derechos se encuentra el de promover arbitrajes internacionales frente a gobiernos extranjeros que les adeuden dinero o amenacen su patrimonio. Aunque España es parte en más de 60 APPRIs (casi todos, tratados bilaterales con otras naciones) sólo una minoría de empresas se acoge a ellos. Leer más…

El MOOT Madrid es la Competición Internacional de Arbitraje y de Derecho Mercantil Internacional. Como primer objetivo puede destacarse la formación de futuros abogados con perfil internacional mediante la potenciación del conocimiento y uso de los textos legales del derecho uniforme del comercio internacional, así como del arbitraje comercial internacional como medio éste usual en la resolución de disputas en la contratación mercantil. Leer más…

El Instituto Regional de Arbitraje de Consumo de la Comunidad de Madrid tramitó en 2010 un total de 6.689 solicitudes de arbitraje, de las que 5.388 (el 80,6 por ciento) estaban relacionadas con las telecomunicaciones.

Según datos de la Consejería de Economía y Hacienda, el pasado año se resolvieron 4.700 solicitudes de arbitraje -un 13 por ciento más que en 2009-, de las que 2.320 fueron resueltas en la fase de mediación previa (un 29 por ciento más) y el resto -2.380- mediante un laudo emitido por un árbitro o un tribunal con representación de asociaciones de consumidores y empresarios. Leer más…

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) que busca eliminar cargas administrativas al sector con el fin último de potenciar su competitividad. Con la modificación, el Ejecutivo busca también adaptar la ley a los nuevos reglamentos comunitarios de gestión de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión de transportista y al mercado de transporte internacional de mercancías y viajeros. Así, entre las principales novedades de la LOTT sobresalen una regulación «más pormenorizada» del registro de empresas y  actividades de transporte y la actualización de la cuantía hasta la que se presume la existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales de Transporte.

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