La Ley de protección del consumidor que elabora la Xunta de Galicia agilizará la resolución de conflictos
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha destacado hoy que la Ley de protección del consumidor que elabora la Xunta contribuirá a agilizar los procedimientos de solución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje. Guerra ha destacado hoy en el acto de firma de un convenio en materia de consumo con la Diputación de Pontevedra que la nueva ley trabajará para potenciar «la agilidad y la eficacia» que ofrecen las fórmulas habilitadas para la resolución extrajudicial de los conflictos, informó una nota de la Xunta.
Ha explicado que se creará la figura del mediador para «tratar de evitar, como paso previo, llegar a un procedimiento de arbitraje, introduciendo un procedimiento pionero para llegar a acuerdos».
El conselleiro ha avanzado que con la nueva normativa «se contribuirá a incrementar la seguridad de los consumidores en nuestros mercados, se garantizará la seguridad jurídica a nuestros profesionales y empresarios y se agilizarán los procedimientos de solución de conflictos de los consumidores».
La nueva ley, ha precisado, «contemplará dos principios fundamentales: el establecimiento de un riguroso sistema de derechos que garantice la correcta protección de los consumidores y la configuración de instrumentos legales que permitan que estos derechos sean efectivos».
El convenio firmado hoy junto con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, tiene por objeto reforzar el trabajo que viene realizando la Oficina provincial de información al consumidor (Opic) creada con el apoyo de la Xunta el año pasado.
En la provincia de Pontevedra se han recibido en los últimos años el 30 por ciento de las reclamaciones de consumo de Galicia, detalla el comunicado de la Xunta.
La Opic de Pontevedra atendió el año pasado 156 reclamaciones de consumidores y resolvió 130 de las mismas, ha desvelado el presidente de la Diputación, Rafael Louzán.
La mayoría estuvieron relacionadas con la telefonía, especialmente en lo tocante al incumplimiento de las condiciones del contrato y garantías, conexión de internet, cobros de más o penalizaciones por bajas.
Les siguieron en importancia las cuestiones relacionadas con los servicios energéticos: gas natural, fianzas de aguas, dificultades con la lectura de la tarifa eléctrica o cobros anticipados sin lectura de los contadores.
En el tercer escalafón se situaron las reclamaciones sobre banca y servicios financieros, seguros, alquileres, transporte aéreo y agencias de viajes.
Fuente: ABC