El presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha pedido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que se establezca la unificación de doctrina en temas de arbitraje
El magistrado reconoció las bondades de la reforma de la Ley del Arbitraje (2003) que el pasado miércoles aprobó con competencias legislativas plenas la Comisión de Justicia del Congreso. Xiol aseguró que, aunque es bueno que los conflictos sobre la integración del tribunal arbitral y el exequátur (reconocimiento de laudos extranjeros) residan en los tribunales superiores de justicia, “es negativo que se cierre totalmente el conocimiento de algunos asuntos arbitrales al TS”.
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR SUPRÊME A DEMANDÉ AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE JUSTICE DU CONGRÈS À FOURNIR POUR L`UNIFICATION DE LA DOCTRINE EN MATIÈRE D`ARBITRAGE. Le magistrat a reconnu les avantages de la réforme de la Loi sur l’arbitrage (2003) qui a adopté mercredi des pleins pouvoirs législatifs à la Commission de Justice du Congrès. Xiol dit que si il est bon que les conflits sur l’intégration du tribunal arbitral et l’ordonnance d’exécution (la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères) se trouvent dans les tribunaux supérieurs de justice «est proche complètement connaissance négative de certains cas d’arbitrage pour TS».
Xiol hizo estas declaraciones durante la jornada “Las reformas de la Ley de Arbitraje y el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB)”, celebradas en la capital catalana con ocasión de la celebración del XXII Aniversario del TAB.
Con el proceso de modernización judicial, la Sala Primera del Supremo está en proceso de actualización, por lo que la carga judicial “no es excusa” para no asumir estas competencias. Xiol pidió para el TS funciones de “unificación de doctrina” y así dar solución a las discrepancias entre órganos jurisdiccionales. Ante el presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Alvaro Cuesta, el magistrado requirió “abrir algún cauce que evite excesos en las causas de anulación por orden público”.
Ante el temor del presidente del TAB, Jesús M. de Alfonso, de que el arbitraje se dilate en el tiempo con el recurso de casación, el presidente de la Sala Primera defendió fórmulas que “combinen rapidez y unificación de doctrina”. El objetivo es evitar contradicciones entre audiencias provinciales sobre anulación de laudos y establecer una doctrina única en el tema del arbitraje societario. La reforma actual establece unos criterios más limitativos para acceder al recurso de casación. Xiol también reconoció la necesidad de una regulación más amplia del arbitraje institucional. Además respaldó la recuperación de la acción declinatoria porque “es positivo que si hay cláusula arbitral en un conflicto, el juez no tenga jurisdicción en esta materia”.
Por su parte, Álvaro Cuesta aseguró a NEGOCIO que el proyecto ya se encuentra en trámite en el Senado. Además dejó abierta la puerta a las modificaciones solicitadas por Xiol durante la tramitación del proyecto de la ley de agilización judicial.
Por su parte, De Alfonso apostó por un futuro altamente ilusionante con “un arbitraje institucional (respaldado por la reforma arbitral) que genere confianza en base a unos servicios de alta calidad”. Además de un arbitraje moderno y eficiente, el presidente del TAB defendió su carácter trasnacional.
La sesión de la tarde estuvo destinada al comentario del proceso de reforma de la ley, a cargo de distintos responsables políticos. En este aspecto, Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, valoró la apuesta por la desjudicialización que representa este proyecto de Ley, «que es un sentir generalizado en el mundo jurídico» y cuya aprobación es una obligación para ayudar a modernizar las relaciones dentro del sistema productivo español. Tras destacar el exceso de litigiosidad que afecta a las relaciones económicas, el pasado año hubieron 1,8 millones de asuntos en el ámbito civil, Cuesta destacó que la reforma haya surgido de un clima de consenso.
Más críticos estuvieron los representantes del Partido Popular, Dolors Montserrat, Convergència i Unió (CiU), Antoni Picó, quienes coincideron en afirmar que en el primer momento cuando el PSOE propuso modificar la Ley de 2003, no existía una demanda social entre el mundo jurídico que pidiese una nueva ley.
A pesar de ello, ambos políticos reconocieron que el proyecto introduce mejoras sustanciales y en especial la introducción del procedimiento del arbitraje en el ámbito de los conflictos entre las distintas Administraciones Públicas, sea cual sea su alcance territorial y competencial. La nota discordante, irónica y lúcida, la aportó el diputado del PNV, Emilio Olabarría quien mencionó la posibilidad de que se dé el efecto paradójico de que «por querer exonerar de carga de trabajo a la Administración de Justicia, se la acabe cargando de más trabajo» por la revisión de los dictámenes en los tribunales arbitrales.
Fuente: Diario Negocio