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La nueva Ley de Arbitraje francesa

domingo, 26 de junio de 2011

Una nueva ley de arbitraje ha sido adoptada en Francia en sustitución de los textos de los años 1980 y 1981. La nueva ley, que entró en vigor el 1 de mayo de 2011, tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el proceso arbitral, la ejecución de laudos arbitrales, así como hacer más accesible la ley francesa a los profesionales de todo el mundo. Francia, hogar de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), es uno de las mayores centros establecidos de arbitraje internacional. La situación de la ICC a nivel mundial provoca que los cambios en la ley de arbitraje francesa sean de interés directo para las partes involucradas en el comercio transfronterizo dondequiera que se encuentren.

Los cambios afectan, entre otros, a la autonomía del convenio arbitral, a la confidencialidad, al papel de la corte en la administración del procedimiento…

En conclusión, la ley revisada no está diseñada para hacer un cambio radical en la manera en que los procedimientos de arbitraje internacional se llevan a cabo en Francia. Más bien se trata de una simplificación del régimen jurídico existente. Además, la ley abre la puerta a mejoras en el apoyo al arbitraje internacional de los tribunales franceses y a una mayor eficiencia en el proceso de ejecución en Francia.

Con el objetivo de optimizar los beneficios disponibles bajo la nueva ley, las partes que incluyan las cláusulas de arbitraje o acuerdos de arbitraje en Francia deben considerar abordar los siguientes puntos:

• Acordar que el arbitraje será confidencial.
• Asegurarse de que el acuerdo de arbitraje cumple con los requisitos formales del lugar de ejecución.
• Ser consciente de los cambios en los procedimientos y los plazos para impugnar un laudo.
• Considerar la posibilidad de tomar ventaja en la renuncia a un recurso de anulación.
• Tener en cuenta la jurisdicción universal de los jueces franceses para favorecer la constitución de un tribunal arbitral cuando las partes estén expuestas a un posible rechazo de la Justicia.

Fuente: AEADE