Bolivia responde al aviso de arbitraje y afirma que no violó el tratado al revertir la concesión
A dos meses de que la minera SAS iniciara un arbitraje, Bolivia ha respondido que no violó el derecho internacional ni sus obligaciones bajo el acuerdo de protección a las inversiones suscrito entre el país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al revertir la concesión en Mallku Khota. El 30 de abril de 2013, la canadiense South American Silver (SAS) inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado boliviano por la reversión «sin compensación» de dicha concesión minera.
En un comunicado publicado en su web, el consorcio canadiense señaló ese día quese interpuso el arbitraje como «consecuencia de los actos y omisiones del Decreto Supremo 1308», que revierte la concesión que estaba a nombre de la Compañía Minera Mallku Khota (CMMK), subsidiaria de South American Silver.
Una vez iniciada la demanda internacional, el Estado boliviano respondió el pasado viernes, a través de la Procuraduría General del Estado (PGE), a la notificación de arbitraje presentada por la compañía el 22 de octubre del 2012.
El comunicado enviado por la PGE manifiesta que «el fundamento presentado por la Procuraduría se basa en que Bolivia no violó el derecho internacional ni sus obligaciones bajo el convenio sobre el fomento y la protección a las inversiones de capital suscrito entre Bolivia con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al decidir soberanamente revocar las concesiones mineras» de la CMMK y Emicruz en Mallku Khota.
El procedimiento iniciado por la minera canadiense se efectúa bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y de conformidad con el acuerdo firmado entre dichos países.
El 3 de agosto de 2012, el ministro de Minería, Mario Virreira, informó que el Ejecutivo asumió la decisión de nacionalizar la concesión de la canadiense después de que los comunarios de Mallku Khota amenazaran con nuevos conflictos si no se revertía la licencia. El 10 de julio, el presidente Evo Morales y los habitantes de la región acordaron consolidar la medida.
El 3 de octubre de ese año, Virreira aseguró que «el país no tiene ninguna obligación con la South American Silver», tras ser consultado sobre el arreglo que hizo el Ejecutivo con la empresa que reclama una indemnización.
Entonces, el ministro afirmó que la firma «nunca presentó un documento en que establezca que el Estado boliviano tiene alguna relación contractual». «Si ellos estuvieron en Bolivia, estuvieron ilegalmente, sin respaldo, por lo tanto todo (la mina) pasa al Estado».
Fuente: AEADE