Mediación y arbitraje

Pocas parejas consiguen separarse de forma amistosa y civilizada. Pero hay una alternativa que, además, no acarrea ningún desembolso para los interesados. Se trata del Servicio de Mediación Familiar, gestionado por el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales, al que el pasado año acudieron 711 parejas vascas incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de dar carpetazo a su relación; tras cuatro o cinco sesiones de trabajo con sus expertos, el 80% de ellas lograron aparcar sus rencillas y pactar una solución de mutuo acuerdo sin acabar en los juzgados.

L’80 % DE COUPLES UTILISENT LA MÉDIATION A L’EUSKADI POUR EVITER LES TRIBUNAUX DE JUSTICE. Peu de couples réussissent à se séparer d’une forme amicale et civilisée. Mais il y a une alternative, de plus, qui ne transporte pas de déboursement pour les intéressés. Il s’agit du Service de Médiation Familiale du Département Basque d’Emploi et Politiques Sociales, à que l’année passée se sont présentées 711 couples basques incapables de se mettre d’accord à l’heure de terminer sa relation; après quatre ou cinq séances de travail avec ses experts, l’80 % d’elles ont réussi à garer ses querelles et à pactiser une solution d’accord mutuel sans finir dans les tribunaux [Le texte continue en espagnol].

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Según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, el pasado año se formalizaron en el País Vasco 1.603 divorcios de mutuo acuerdo y 2.788 contenciosos. En términos generales, la crisis económica ha estancado las cifras de separaciones en los últimos cinco años, si bien en el último trimestre del pasado ejercicio, los procesos experimentaron un ligero repunte. Separarse cuesta dinero, y muchas parejas rotas de hecho se mantienen juntas a efectos legales porque no podrían afrontar los gastos derivados de un divorcio.

Razones económicas y, al mismo tiempo, un «cambio cultural que se va afianzando poco a poco para desjudicializar los conflictos familiares» podrían explicar el considerable aumento registrado en el último año en la demanda de intervenciones de mediación, según reconoce el director de Política Familiar y Comunitaria, José Luis Madrazo. Según se desprende del último balance del servicio, correspondiente a 2012, el número de personas que solicitaron un arbitraje aumentó en torno al 35%. Por territorios, mientras en Bizkaia la demanda se incrementó en torno al 14%, en Gipuzkoa las intervenciones se dispararon más de un 40% debido, según sus responsables, a que se trata de un servicio «aún joven» ya que echó a andar a mediados de 2010 (en Bilbao existe desde 1996). En Álava, donde el aumento en la demanda ha seguido parámetros muy similares al del territorio guipuzcoano, 2012 ha sido el primer año en el que la asistencia se ha gestionado directamente desde el Gobierno Vasco tras depender en ejercicios precedentes del Ayuntamiento de Vitoria. Y por primera vez también, la intervención con los usuarios se ha desarrollado con idénticos criterios técnicos y profesionales independientemente de su territorio histórico de residencia.

¿Qué hacemos con el abuelo?

Aunque el perfil del usuario se corresponde mayoritariamente con parejas que tratan de pactar su ruptura a través de la vía extrajudicial, aproximadamente un 7% de los expedientes de mediación se refirieron a otros conflictos desatados en el seno familiar. En concreto, mientras fueron casi 1.500 las personas que trataron de llegar a un acuerdo sobre la ruptura de su relación, apenas 110 acudieron para resolver otro tipo de enfrentamiento familiar. En una proporción aproximada de seis de cada diez casos se trata de padres que mantienen una mala relación con sus hijos, generalmente adolescentes. También suelen demandar la mediación personas afectadas de forma colateral por la ruptura de una pareja: abuelos que han visto interrumpida la relación con sus nietos, tíos que no pueden ver a sus sobrinos…

Un 20% de los casos de arbitraje por conflictos familiares tienen que ver con un allegado dependiente. Es decir, ¿qué hacemos con el abuelo? Un problema al alza, ya que la cada vez mayor esperanza de vida y las estrecheces económicas de las familias impiden en muchos casos prestar una atención especializada a los mayores. Por último, las herencias también suelen ser motivo de enconadas rencillas familiares que requieren de la intervención de un mediador.

La «especial complejidad» de estos conflictos, con varias partes enfrentadas, en ocasiones de distintas unidades familiares, provoca que el porcentaje de éxito en su resolución descienda a la mitad. En torno a seis de cada diez casos, las personas que se interesan por el proceso de mediación no llegan ni a iniciarlo. Otra muestra de su mayor complicación es el número más elevado de sesiones que deben invertir los expertos, en algunos casos el doble respecto a una ruptura de pareja convencional.

Custodia compartida

En cualquier caso, y aunque han aumentado exponencialmente, estos casos apenas representan entre el 3 y el 5% del total de los procesos de mediación, con la excepción de Álava, donde suponen casi el 30% (casi todos relacionados con una mala relación padres-hijos). Las separaciones matrimoniales o de parejas de hecho centran el grueso de la labor desarrollada por los mediadores que, sobre todo, deben acercar posturas acerca de la atribución de la guardia y custodia de los hijos o los tiempos de convivencia para el progenitor que no la ostente. En este caso, también se producen diferencias entre territorios: mientras en Gipuzkoa casi una de cada tres parejas acuerdan una custodia compartida, esta figura es muy minoritaria en Bizkaia y Álava, con el 17,3% y el 11,5% de los casos, respectivamente. En ambos territorios, aproximadamente en un 80% de los casos, recae en la madre. Y, aunque son pocos, en torno a un 5% de las parejas deciden darse una segunda oportunidad, una cifra que también ha aumentado en el último año.

Según explica José Luis Madrazo, la tendencia que se adivina entre las líneas de la estadística es que la demanda «va a seguir creciendo en los próximos años». «Vamos a mantener una apuesta importante por un servicio que trata de evitar el trámite de la judicialización, que lo único que consigue es añadir un mayor desgaste emocional a un proceso ya de por sí doloroso».

Fuente: Diario Vasco