España acumula ya dos denuncias ante las cortes de arbitraje por las primas a las fotovoltaicas
Su nombre no es muy conocido, pero Gabrielle Kaufmann-Kohler, que ha visitado Madrid para participar en el primer congreso de arbitraje de inversión, es la juez internacional que tendrá que dirimir si España actuó de forma justa cuando tomó la decisión de reducir en un 30% las primas a las fotovoltaicas. La medida, con carácter retroactiva, fue tomada en junio de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y con ella se puso en marcha un sistema mixto que fija un cupo de horas al año con prima y en el que, más allá de ese umbral, la electricidad generada se paga conforme a mercado. La decisión del anterior Ejecutivo ha llevado por primera vez a España ante los tribunales internacionales de arbitraje, en donde nuestro país acumula ya dos denuncias por este asunto.
Kaufmann-Kohler es una de las expertas que participará hoy en Madrid en el primer Congreso de Arbitraje de Inversión en Iberoamérica, montado con el objetivo de que la Corte de Arbitraje de Madrid, organizadora del evento, empiece a administrar arbitrajes de inversión internacionales. La singularidad de la cita es que, por primera vez, compartirán mesa las principales empresas que se han visto afectadas por medidas arbitrarias de los Estados (como Repsol con el caso YPF en Argentina, por ejemplo), con, entre otros, cinco de los árbitros más importantes de la materia y con expertos especializados en inversión en Iberoamérica.
En una entrevista con El Confidencial, el presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, Miguel Ángel Fernández Ballesteros, reconoce que el caso de las primas a las fotovoltaicas ha desencadenado el cambio de paradigma por el que España ya no es solo un país demandante en casos de inversiones afectadas en el extranjero y ha pasado a ser, por primera vez, denunciado.
“A los Estados no les gusta que los demanden, pero ya han tomado el arbitraje de inversión como una más de las reglas del juego de la globalización”, explica Fernández Ballesteros. “Hace unos cuantos años se distinguía con claridad entre los países que exportaban capitales y los países que los recibían. Los primeros eran los demandantes típicos y los segundos, los que recibían las demandas. Ahora ambas cosas empiezan a cruzarse. España es demandada, Alemania es demandada y algunos países que, tradicionalmente, eran demandados, son demandantes, como los países árabes y otros cuyo desarrollo ha sido muy bueno”.
La especialidad de este arbitraje es que el demandado es un Estado y eso es mucho porque los Estados ceden de muy mala gana soberanía y aceptan mal la posibilidad de que les demande un particular
El arbitraje de inversión posibilita “el pequeño milagro”, según Fernández Ballesteros, de que un particular pueda demandar a un Estado en base a unas reglas internacionales que permiten proteger las inversiones realizadas en otros estados ante, por ejemplo, medidas como la tomada por Cristina Fernández de Kirchner en el caso de YPF. Así, un tribunal independiente puede revisar los actos legislativos del poder ejecutivo e incluso del poder judicial y condenar al pago de indemnizaciones cuando las estas leyes o decisiones sean contrarias a los tratados bilaterales firmados por los estados.
“La especialidad de este arbitraje es que el demandado es un Estado y eso es mucho porque los Estados ceden de muy mala gana soberanía y aceptan mal la posibilidad de que les demande un particular, pero así lo hacen para dar un marco de seguridad para que las empresas inviertan”, explica.
Argentina, el país más demandado
El de Repsol con Argentina es, sin duda, el litigio más importante de cuantos afectan ahora mismo a nuestro país. Pero no es el único. Sólo en el último año, han demandado a diferentes estados compañías como Telefónica, contra México, Ipsolux, contra Perú, el grupo Francisco Hernando contra Guinea Ecuatorial y Valle Verde Sociedad Financiera contra Bolivia. “El arbitraje de inversión era muy escaso hasta la pesificación argentina. A partir de entonces, este país es el que más acusaciones tiene en su contra (52), seguido de Venezuela (34), Ecuador (23) y México (21)”.
El caso de Repsol se resolverá en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución que, dentro del marco del Banco Mundial, se concibió para dirimir disputas entre naciones y empresas de diferentes países, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. La Corte de Arbitraje de Madrid quiere, por su parte, empezar a administrar arbitrajes de inversión, de acuerdo a las normas de UNCITRAL (normas de la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional de la ONU (Uncitral), en conflictos entre los países de Europa y los de Iberoamérica. “Hay dos grandes grupos de arbitraje: los que se sustentan ante Ciadi en Washintgon, que es un arbitraje muy de derecho público, pero que suele ser un arbitraje muy lento”, explica Fernández Ballesteros. “Suele durar entre cuatro, cinco y no es de extrañar que incluso hasta nueve años y eso para un arbitraje es demasiado. Luego está esa otra forma que es Uncitral, que es más ágil porque utiliza un instrumento muy conocido en el arbitraje comercial y que es mucho más rápido, más conocido y más flexible que el otro”.
Fuente: El Confidencial