Mediación y arbitraje

Jueces, secretarios, abogados, notarios y procuradores gallegos podrán participar en el grupo de trabajo que el Grupo Europeo de Magistrados de Mediación (Gemme) ha creado en Galicia para promover la implantación del sistema de mediación en la Justicia gallega. Más de un centenar de profesionales ya han mostrado su interés en formar parte de esta iniciativa con la que se pretende ofrecer una solución más ágil en algunos conflictos, reducir la alta tasa de litigiosidad de los juzgados de la comunidad y ahorrar costes en los procesos judiciales ordinarios.

Según el vicepresidente de Gemme-Europa, Pascual Ortuño, de todos los asuntos que llegan a los tribunales, el 25% podrían resolverse a través de la mediación sin necesidad de judicializarlos si ambas partes se sientan previamente y llegan a un acuerdo. Ortuño destaca además que si un juicio medio cuesta -sin contar las retribuciones de abogados- unos 8.500 euros, la cuantía se reduciría a 1.200 euros por la vía de la mediación, lo que supone un ahorro del 85,8%.

«Está muy asentada la cultura de que cualquier litigio está destinado a tratarse en los juzgados y fuera de ellos también pueden resolverse conflictos», destaca el magistrado, quien recuerda que existen «muchas puertas para entrar en la Justicia». Con los grupos de trabajo creados en las ciudades españolas con sede del Tribunal Superior de Justicia se iniciará el camino para a corto plazo presentar los primeros resultados en un congreso nacional previsto para septiembre. En España existen ya experiencias en sistemas de mediación. Cataluña y País Vasco son las comunidades más punteras. En Galicia, se puso en marcha en 2011 una ley de mediación para casos de familia. En el caso de Cataluña, la mediación favorece la rehabilitación de los menores al tiempo que supone un ahorro para el Estado porque la inversión no supera los 300 euros y es inferior al coste diario de 350 euros que supone el ingreso en un centro.

Galicia también cuenta con ejemplos en este sentido y en 2009 se puso en marcha el primer servicio de mediación familiar de la comunidad en Santiago para resolver conflictos de forma amistosa. La idea inicial de la Xunta era extender el sistema a las siete ciudades gallegas pero solo la capital compostelana y Ourense cuentan con una oficina. Desde la Fiscalía gallega también se defiende este modelo y una de las demandas del fiscal superior, Carlos Varela, en este sentido es la puesta en marcha de una ley de mediación autonómica para evitar litigios en masa.

Fuente: La Opinión