La mediación civil y mercantil ahorrará al sistema judicial 1.200 millones al año
Los procesos de mediación ahorrarán al sistema judicial unos 1.200 millones de euros al año, según los expertos, y descongestionarán los juzgados españoles, que atienden 1,7 millones de casos civiles y mercantiles al año. Con esta nueva vía, aprobada en marzo de este año, los notarios estiman que los juzgados se ‘ahorrarán’ 500.000 casos al año y las partes resolverán sus problemas en pocas semanas. Los notarios cobrarán por su intervención entre 200 y 300 euros. Sin embargo, por “falta de publicidad”, son muy escasos los litigantes que han optado por esta opción. Pero los resultados son halagüeños ya que, por ahora, el 90% de los casos presentados “se han resuelto con éxito”.
La legislación española ha abierto la puerta a otras vías, distintas al procedimiento judicial ordinario, para solucionar conflictos de toda índole. Además de los procesos de arbitraje en los que los árbitros –profesionales especializados en derecho, pero no jueces– emiten un laudo que es de obligado cumplimiento y que no se puede recurrir, la ley estatal regula desde marzo de este año la mediación civil y mercantil.
Antes la mediación estaba regulada en algunas comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o Valencia. El Real Decreto que regula la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que desde marzo regula este aspecto a nivel estatal, establece que unos mediadores profesionales podrán intervenir para resolver conflictos de índole civil y mercantil siempre que las partes lo soliciten y estén de acuerdo. Estos mediadores pueden ser notarios y en ningún momento toman parte en el conflicto. Si las partes no llegan a un acuerdo, siempre pueden seguir la vía clásica y empezar un procedimiento judicial.
Falta información
“Fuera de España, el 90% de las empresas utiliza” la mediación, asegura Javier Garballo, director general de la Fundación Notarial Signum, especialista en resolución de conflictos en los ámbitos civil y mercantil. Sin embargo, en España “por falta de publicidad” aún no se conoce bien el proceso. La sociedad aún desconfía de la mediación por falta de información y esto ha provocado que en poco más de medio año solo unas decenas de litigios se hayan decidido por la ‘vía rápida’. Este servicio, asegura Garballo, “no es una privatización de la justicia”, sino una “alternativa” o, incluso, “un complemento” al proceso judicial.
El 90% de los casos se ha resuelto con acuerdo
A la Fundación Signum han acudido en estos meses desde particulares que querían resolver la partición de una herencia lo antes posible hasta empresas con problemas graves, pasando por disputas vecinales. El 90% de los casos “se han resuelto con acuerdo” en un tiempo medio de “entre dos y cuatro semanas”, asegura, aunque hubo un caso civil entre particulares en el que las partes llegaron a un acuerdo en solo dos sesiones de 20 minutos cada una. Mientras, un proceso judicial dura actualmente unos dos años.
El precio que tienen que pagar las partes depende del tiempo que requieran los casos, pero será “alrededor de los 200 o 300 euros para cada una de las partes”. Si son empresas, el precio puede ser mayor, “porque el caso requiere más tiempo”, explica Javier Garballo. Aunque aún es pronto para ofrecer cifras, Garballo considera que “si el proceso funciona a pleno rendimiento, el Estado podrá ahorrarse 1.200 millones de euros al año”. Desde Signum estiman que sobre el 30% de los casos civiles y mercantiles que se atienden cada año en España –1,7 millones aproximadamente– optarán por la mediación, descongestionando así el sistema judicial con 500.000 casos menos. En términos económicos, asegura, cada proceso le cuesta a la Administración entre 2.000 y 3.000 euros.
Fuente: arndigital