Proyecto de mediación mercantil para reducir la carga de trabajo judicial en Sevilla y Cádiz
La Junta, a través de la Fundación Pública Mediara, va a desarrollar un proyecto piloto pionero en la mediación mercantil para reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales de esta jurisdicción en Sevilla y Cádiz, que están registrando un mayor volumen de asuntos en los últimos años. El proyecto es fruto del convenio de colaboración suscrito hoy por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Antonio Ponce, quienes han explicado que se trata de un servicio gratuito para las empresas que contribuirá a ayudar a los magistrados de lo Mercantil a reducir la carga de trabajo en sus juzgados.
Según De Llera, este proyecto no sólo pretende la resolución previa de los conflictos empresariales antes de que terminen en el juzgado sino que persigue sacar fuera del proceso judicial los asuntos ya en trámite para que puedan ser solventados extrajudicialmente de común acuerdo de las partes.
El titular de Justicia e Interior ha puesto de relieve la importancia de fomentar la mediación en el ámbito empresarial al tratarse de un sector que exige una solución inmediata a sus conflictos por el perjuicio y el coste económico que les ocasiona una decisión tardía, máxime en estos momentos de crisis.
Por su parte, Antonio Ponce ha confiado en que este convenio permita que la mediación mercantil esté operativa a primeros de año, una vez que el equipo de mediadores previsto reciba la pertinente formación por parte de las Cámaras de Comercio.
Este proyecto piloto, financiado con 15.000 euros por parte de la Consejería de Justicia e Interior, contará con el apoyo de los jueces de lo Mercantil de Sevilla y Cádiz, que se implicarán en el desarrollo de un proyecto que pretende explorar nuevas fórmulas de resolución de conflictos para analizar su correcto funcionamiento y resultados.
Asimismo, ha puesto de manifiesto los múltiples beneficios de la mediación, como el ahorro de costes y de tiempo, ya que en cuestión de meses se pueden solucionar muchos conflictos por esta vía frente a la tardanza que conlleva un proceso judicial.
Fuente: Finanzas