Mediación y arbitraje

El proceso de arbitraje abierto por Novagalicia Banco, al amparo de la Xunta, para poder reintegrar el dinero a los clientes engañados con las participaciones preferentes, no tiene fecha de caducidad. Lo acaba de confirmar la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Fue la institución encargada de dar el visto bueno en julio a este procedimiento extrajudicial para una entidad como Novagalicia, que está controlada por el Estado y ha recibido ayudas públicas. A preguntas de La Voz, el equipo del comisario español Joaquín Almunia asegura que la única caducidad la puede determinar España. ¿Ha marcado la Comisión Europea alguna fecha para que se ponga fin al procedimiento de arbitraje en Novagalicia? «No, esta cuestión incumbe al derecho español y no al derecho europeo».

La contestación de Bruselas va en la línea de lo expresado en los últimos días por dirigentes del Instituto Galego de Consumo a plataformas de afectados, algunas muy críticas con el arbitraje. El último decreto financiero y el rescate bancario por parte de la UE, origen de toda la inquietud entre los clientes por las quitas que impone a los inversores, no incluyen tampoco condiciones al arbitraje. Y en el banco no hay una fecha o una cantidad económica marcada a partir de la cual este proceso se dé por acabado. «No hay ninguna indicación dada», sostienen. Novagalicia comercializó algo más de 910 millones de euros en participaciones preferentes y deuda subordinada, con 43.000 clientes atrapados con esos productos. Hasta la fecha, con el arbitraje NCG ha reintegrado 15,5 millones, a 530 clientes. No ha habido hasta ahora laudos contrarios a los usuarios; en todos los procesos se ha devuelto el dinero. Hay otros 500 casos aceptados y 14.900 a la cola.

El procedimiento

Para esos últimos, los que esperan, el temor es, precisamente, que el proceso de arbitraje tenga fin o que su caso no sea aceptado. Porque no todos son admitidos: el banco hace una criba previa, a través de una consultora (Pricewaterhouse), para discriminar entre ahorradores (los que fueron engañados) e inversores. Según el PSdeG, el «99 % de los casos» gallegos son pequeños ahorradores, es decir, que desconocían los riesgos que entrañaban lo que estaban comprando. Los socialistas denunciaron esta semana que los primeros en cobrar a través del arbitraje son clientes vinculados al PP. «Es rotundamente falso, se sigue el mismo procedimiento que en cualquier otro caso de arbitraje», replica María Jesús Muñoz, gerente del Instituto Galego de Consumo.

Hasta ahora, solo Galicia ha puesto en marcha un procedimiento de arbitraje para que los clientes de las preferentes de una comunidad puedan recuperar su dinero. Esta solución la aplaudió la Defensora del Pueblo, pero el Ministerio de Economía ha descartado extenderla a toda España.

Fuente: La Voz de Galicia