Acerca del arbitraje de la tabacalera Philip Morris contra Uruguay
El periódico «El Observador» publica una entrevista con el prosecretario de la Presidencia de Uruguay, Diego Cánepa, acerca del arbitraje de la tabacalera Philip Morris contra dicho país, que, por su interés, transcribimos a continuación. De hecho, el propio Cánepa señala que se trata de un caso emblemático, porque la reclamación de Phillip Morris ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial, constituyó la primera ocasión en la historia que una compañía tabacalera demandaba a un Estado a partir de un tratado de inversiones.
¿Qué le provocó a Uruguay el proceso?
Llevó a que el Estado uruguayo tuviese una enorme cantidad de presiones de la industria para poder modificar esto. Era encarar un juicio en un caso líder o testigo. ¿Qué significa eso? No hay precedentes en el mundo que hayan establecido un fallo previo a este tema, lo que ha convertido a Uruguay en uno de los líderes mundiales en cumplimiento del convenio marco del tabaco. Debe quedar claro que la política antitabaco es una política de Estado, no se va a modificar en este gobierno, sino que se va a profundizar. En setiembre vamos a viajar a Nueva York para preparar en el mes de octubre la primera audiencia posterior a la del año pasado, cuando se fijaron los árbitros. Ahora se definirá la jurisdicción del Ciadi. Ello significa que está en discusión si el Ciadi es el lugar correcto para dirimir algunas de las cuestiones ahí planteadas. Va a haber una primera etapa en la que se discute eso, en octubre en París, en tres días de sesiones, y seguramente en enero-febrero sea el primer laudo de esta primera etapa. Estos arbitrajes son largos, por eso hace dos años que estamos en la primera fase inicial. Lo más importante es que el país está haciendo una apuesta muy grande de defender a un país pequeño ante una compañía que tiene en un facturación anual varias veces el PIB uruguayo, por eso Uruguay es visto como uno de los grandes líderes regionales y mundiales en la pelea contra una industria muy fuerte y con mucho dinero en el mundo, con mucha influencia en varios ámbitos. Ahora hay cosas que ayudaron. Hay países que tomaron medidas similares, como Australia, que también tuvo un juicio interno de Phillip Morris. Allí la Suprema Corte le dio la razón al Estado australiano.
¿Qué puede suceder cuando termine el arbitraje?
Creo que muchos países están esperando qué pasa con este fallo para ver si consolidan sus políticas antitabaco. Este es un caso testigo, va a definir si puede detener o no el avance de las políticas antitabaco en el mundo, por eso es un caso que a nivel internacional se le da una importancia superlativa.
¿Pero cuál es el escenario optimista y pesimista para los intereses de Uruguay en este arbitraje?
Nosotros no vamos a variar nuestra política antitabaco bajo ninguna circunstancia. Lo que está en juego es si tenemos que resarcir o no a la empresa Phillip Morris por las decisiones que tomamos. Las decisiones de nuestras políticas son soberanas y no las cambia un laudo con respecto a cuánto es el dinero que tenemos que pagar. Nosotros estamos convencidos de que no solo no afectamos ningún derecho de Phillip Morris, sino que se ha hecho bajo los derechos inherentes a la soberanía nacional, que es fijar las políticas de salud que defiendan los intereses de los ciudadanos.
¿Por qué se dice que el arbitraje de la tabacalera Phillip Morris contra Uruguay es un caso emblemático?
Porque, como lo dijimos hace dos años, cuando la empresa envió el caso frente al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial, era la primera vez en la historia que una compañía tabacalera demandaba a un Estado a partir de un tratado de inversiones.
¿Qué le provocó a Uruguay el proceso?
Llevó a que el Estado uruguayo tuviese una enorme cantidad de presiones de la industria para poder modificar esto. Era encarar un juicio en un caso líder o testigo. ¿Qué significa eso? No hay precedentes en el mundo que hayan establecido un fallo previo a este tema, lo que ha convertido a Uruguay en uno de los líderes mundiales en cumplimiento del convenio marco del tabaco. Debe quedar claro que la política antitabaco es una política de Estado, no se va a modificar en este gobierno, sino que se va a profundizar. En setiembre vamos a viajar a Nueva York para preparar en el mes de octubre la primera audiencia posterior a la del año pasado, cuando se fijaron los árbitros. Ahora se definirá la jurisdicción del Ciadi. Ello significa que está en discusión si el Ciadi es el lugar correcto para dirimir algunas de las cuestiones ahí planteadas. Va a haber una primera etapa en la que se discute eso, en octubre en París, en tres días de sesiones, y seguramente en enero-febrero sea el primer laudo de esta primera etapa. Estos arbitrajes son largos, por eso hace dos años que estamos en la primera fase inicial. Lo más importante es que el país está haciendo una apuesta muy grande de defender a un país pequeño ante una compañía que tiene en un facturación anual varias veces el PIB uruguayo, por eso Uruguay es visto como uno de los grandes líderes regionales y mundiales en la pelea contra una industria muy fuerte y con mucho dinero en el mundo, con mucha influencia en varios ámbitos. Ahora hay cosas que ayudaron. Hay países que tomaron medidas similares, como Australia, que también tuvo un juicio interno de Phillip Morris. Allí la Suprema Corte le dio la razón al Estado australiano.
¿Qué puede suceder cuando termine el arbitraje?
Creo que muchos países están esperando qué pasa con este fallo para ver si consolidan sus políticas antitabaco. Este es un caso testigo, va a definir si puede detener o no el avance de las políticas antitabaco en el mundo, por eso es un caso que a nivel internacional se le da una importancia superlativa.
¿Pero cuál es el escenario optimista y pesimista para los intereses de Uruguay en este arbitraje?
Nosotros no vamos a variar nuestra política antitabaco bajo ninguna circunstancia. Lo que está en juego es si tenemos que resarcir o no a la empresa Phillip Morris por las decisiones que tomamos. Las decisiones de nuestras políticas son soberanas y no las cambia un laudo con respecto a cuánto es el dinero que tenemos que pagar. Nosotros estamos convencidos de que no solo no afectamos ningún derecho de Phillip Morris, sino que se ha hecho bajo los derechos inherentes a la soberanía nacional, que es fijar las políticas de salud que defiendan los intereses de los ciudadanos.
Fuente: El Observador