Mediación y arbitraje

El Gobierno central ha abierto un conflicto con la Xunta al considerar que varios artículos de la Ley de Protección de las Personas Consumidoras invaden sus competencias. En concreto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha trasladado a la Administración gallega sus «discrepancias» en torno a varios puntos de la normativa que priorizan en las subvenciones y los contratos administrativos a aquellas empresas que utilicen el arbitraje como fórmula para resolver reclamaciones de sus clientes. Cuando hay un conflicto competencial el primer paso que se da es abrir una mesa de negociaciones para intentar pulir divergencias entre ambas administraciones. Si esto no resulta el siguiente paso sería presentar un recurso de incompetencia. En este caso, el Gobierno ha detectado que la Ley de Protección de Personas Consumidoras, impulsada por la Consellería de Economía y que ya está aprobada por el Parlamento gallego, podría no ajustarse a las competencias autonómicas y ha decidido emprender conversaciones previas con la Xunta para intentar arreglarlo antes de formalizar el recurso.Son en total cinco los artículos a los que el Gobierno pone pegas. Uno de ellos es el que permite a la Xunta crear órganos arbitrales.
La ley gallega de consumo establece además que la adhesión a sistemas de arbitraje por parte de las empresas «se tendrá en cuenta como criterio de valoración en las bases reguladoras de ayudas o subvenciones por parte de la Administración general de la comunidad autónoma y de las entidades instrumentales del sector público».
Éste es uno de los puntos sobre los que el Gobierno ha advertido a la Xunta. Pero tampoco está conforme con lo estipulado en otro artículo en el que se establece que «los órganos de contratación de la comunidad autónoma y de las entidades instrumentales del sector público autónomico incorporarán como criterio de valoración en las ofertas que las empresas que concurran, siempre y cuando mantengan relaciones de consumo con sus clientes, utilicen el arbitraje como sistema de mediación.
De la misma manera la Xunta quiere exigir «como condición» a las empresas a las que contrate que resuelvan sus conflictos con los consumidores mediante esta fórmula, otro punto con el que el Gobierno también ha mostrado sus discrepancias.
Aunque la práctica mayoría de los artículos con los que diverbe el Ejecutivo central son relativos al arbitraje, también se incluye en la mesa de negociaciones sobre los límites competenciales la imposición de la Xunta a las empresas que presten servicios en Galicia de tener «una oficina física» en la comunidad autónoma para atender a los consumidores.
La Consellería de Economía considera que las «discrepancias» a las que hace alusión el Gobierno son «dudas de interpretación» y recuerda el amplio respaldo que ha tenido la Ley de Consumo en su tramitación.

Fuente; El Faro de Vigo