Mediación y arbitraje

Sin ningún detalle sobre lo que están recogiendo los laudos de consumo ante los casos sobre la venta de preferentes que se están tramitando por la vía del arbitraje, salvo, según la Xunta, que todos dan la razón a los compradores, a las plataformas de afectados sigue sin convencerles el proceso. Y la falta de información es precisamente una de sus grandes quejas. Por eso acaban de solicitar una entrevista con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y con el máximo responsable de Novagalicia, José María Castellano. La propia entidad es la que selecciona qué situaciones son susceptibles en su criterio de resolverse así, con el análisis previo por parte de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) contratada para esa labor. «Todo parece indicar, señalan desde las plataformas, que NCG solo pretenden mejorar su mala reputación satisfaciendo los casos más mediáticos y así salir en los medio de comunicación con un lavado de imagen, a la par de la costosa campaña publicitaria que pusieron en marcha».
A los 24 laudos favorables a los reclamantes que el conselleiro de Economía e Industria anunció el pasado martes se unieron ayer, también según Javier Guerra, otros seis más. Como en las anteriores ocasiones, desde el Ejecutivo autonómico insisten en que se trata de ejemplos de clientes «engañados realmente», para los que el arbitraje abre una «vía rápida» en la devolución de la inversión. Guerra, eso sí, mantiene que el apoyo de la Xunta se traslada al conjunto de afectados en «las diferentes alternativas» que se están utilizando.

Y en esa línea quieren incidir las organizaciones que agrupan a los afectados en los dos encuentros que acaban de pedir y con la presencia también de representantes del Instituto Galego de Consumo. Ellas recuerdan que PwC es la encargada de cribar, de seleccionar con quién se puede ir a la mediación de un árbitro, «y desde las plataformas estamos comprobando que en las oficinas de Consumo no se está informando del perfil que define que casos serán aceptados para poder recurrir a esta vía y cuáles no».

«Novagalicia, continúa, sería además juez y parte dando soluciones a los afectados elegidos que quiera, de forma que el resto tendría que reclamar sus ahorros por otra vía». Las plataformas insisten una vez más, y en Economía lo reconocen, que en caso de que el laudo sea desfavorable el camino judicial está cerrado. «Desde las plataformas se considera que el arbitraje supone la puesta de la administración pública al servicio de una entidad financiera recapitalizada con dinero públicos, pero sin llegar a una solución global para el total de los ahorradores estafados», añaden.

Las críticas también llegan desde los sindicatos, aunque para el plan de incentivos propuesto por la cúpula de la entidad para frenar la pérdida de pasivo. UGT, CCOO, CIG y Csica rechazan cualquier medida de este tipo y se quejan de las «amenazas» de la dirección en la gestión diaria y de que no se puede hablar de incentivos «cuando se está pendiente del cuarto ERE».

La Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado un recurso presentado por Novagalicia y le condena a restituir los 692.000 euros a una empresa que invirtió en productos de alto riesgo por recomendación de la entidad y que no la canceló cuando lo solicitó el cliente. La decisión, según informó ayer la asociación Ausbanc, confirma así una sentencia dictada en primera instancia y obliga al banco a afrontar las costas.

El cliente, una empresa socia de Ausbanc, contrató un crédito con garantía hipotecaria de ocho millones de euros y los gestores de la entonces Caixanova le aconsejaron, según la organización, invertir parte de dicho crédito €tres millones de euros€ en un producto de alto riesgo denominado «depósito Hedge Fund Caixanova». La antigua caja no reinvirtió todo como en su momento le pidió el cliente, y la sentencia reconoce la depreciación del fondo y la existencia de lucro cesante.

Fuente: El Faro de Vigo