Mediación y arbitraje

El Gobierno aprobará antes de verano una ley de Cámaras que establecerá un marco jurídico que permita a estas instituciones tener un futuro, algo del que ahora carecen. Las intenciones del equipo económico del presidente son definir con claridad cuáles son sus objetivos y funciones en un nuevo escenario económico-empresarial español de ajuste y reducción de estructuras, para lo que trabaja en estrecha colaboración con la propias Cámaras y también con la CEOE. La nueva norma aclarará las funciones camerales, con el objetivo de no entrar en conflicto con, por ejemplo, las de asociaciones patronales o administraciones públicas. Tendría mucho sentido que, a partir de la aprobación de la nueva ley cameral, estas corporaciones presten servicios de asesoramiento a pymes en condiciones de mercado, o que se conviertan en la primera puerta de información o formación en materia de la internacionalización de las pymes españolas —ahora muy alejadas de las de la mayoría de pymes de nuestros países vecinos—, o prestar servicios en arbitraje, que en España apenas funcionan y las Cámaras pueden tener un papel relevante. De hecho, en la actualidad, es una de sus funciones, pero no está bien desarrollada.

Todos están de acuerdo en que su función debe ser diferente. Es decir, la de las patronales es la representación de los empresarios ante las administraciones públicas o la negociación colectiva en los ámbitos en que sigue habiéndola, pero no prestar servicios a las empresas, digamos individuales, papel que, por tanto, quedará para las cámaras.

Sobre la mesa de las conversaciones entre todos los implicados también está la financiación, que a partir de su puesta en vigor, tendrá que ser de mercado. Así, las Cámaras de Comercio españolas podrán cobrar cuotas de aquellas empresas que voluntariamente estén dispuestas a pagarle una tasa porque entiendan que le prestan un servicio que la empresa valora. Será una cuota baja, por unos servicios que la empresa entiende que tiene sentido que le presten, por ejemplo de información, de acceso a mercados exteriores, orientación o «papeleo» ante la puesta en marcha de un nuevo negocio…

Sobre la mesa también está la opción de fusiones entre patronales y Cámaras de cada comunidad autónoma. En cualquier caso serían los empresarios de cada autonomía los que decidan qué hacer en este sentido. El modelo puesto en marcha en Madrid, por ejemplo, puede abrir camino. En esta región el presidente de la patronal es el mismo que el de su Cámara, Arturo Fernández, CEIM y la Cámara de Madrid. Ahora bien, de momento son organismos distintos. Las cámaras son corporaciones de derecho público, mientras que las patronales son asociaciones de derecho privado, lo que marca una línea muy distinta entre lo que puede hacer una y otra. La Cámara se rige por derecho público y tiene su propio patrimonio, como la patronal, aunque ésta se rige por derecho privado.

Fuente: ABC