Mediación y arbitraje

Dado que es un método que puede evitar caros y largos procesos judiciales, el colegio de abogados, la Fiscalía y otros organismos como la Junta han tratado de promoverla. De hecho, la Consejería de Familia implantó en la anterior legislatura un servicio gratuito que, sin embargo, parece no estar tan solicitado como se esperaba o, al menos, no en la misma proporción que el servicio privado de pago. Según fuentes de la consejería, hasta agosto de 2011 se habían presentado tres solicitudes, mientras que en todo el año pasado hubo trece peticiones, de las cuales solo se admitieron a trámite ocho y, al final, solo hubo mediación en seis casos.
«La proporción en el servicio de pago es mayor, pero puede no sea cuestión de difusión o de que el servicio no se conozca bien, sino que la gente muchas veces piensa que para qué van a recurrir a un mediador si ellos ya han hablado y tratado de negociar muchas veces y sin éxito. Pero es que una mediación no es una negociación y, en cualquier caso, todo el que tiene derecho a justicia gratuita, puede optar a mediación gratuita», subraya Almansa. Para que la Junta acepte pagar un mediador el ciudadano tiene que vivir en Castilla y León y tener unos ingresos familiares inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) por cada miembro de la unidad familiar, según datos oficiales. Un servicio de mediación de pago puede costar entre 60 euros y 150 euros por cada sesión, por lo que, en función de lo que tarden los interesados en llegar a un acuerdo, el proceso será más o menos caro. En este sentido, Almansa explica que «la duración del proceso varía mucho porque algunas parejas tienen muy claro lo que quieren hacer y en una sesión han terminado, pero hay otros casos como las liquidaciones patrimoniales que son más laboriosas».
De los siete casos que ha tramitado la Junta entre 2010 y 2011, seis corresponden a parejas que solicitaron ayuda para llegar a un acuerdo sobre la pensión, la vivienda, el régimen económico o, también, sobre la guardia y custodia de los hijos y el régimen de visitas. Este supuesto es, según el abogado y mediador Arturo Almansa, es el más frecuente y también uno en los que la mediación se ha revelado como un método más eficaz porque las soluciones las plantean los propios interesados y no una tercera persona. «Trabajamos en sesiones, pero no se debe confundir con una terapia ni con el ejercicio del derecho. El mediador jamás va a dar consejo como un abogado, sino que facilita técnicas de comunicación u otras para resolver el conflicto».
Este año, en el servicio de mediación gratuita de la Junta se presentó el caso de una familia que no tenía claro cómo organizar el cuidado de un familiar mayor. Esta situación, aunque no tan frecuente como las rupturas de pareja, también es habitual, dado el envejecimiento de la población y las dificultades de muchas familias para conseguir plaza en una residencia o un centro en el que puedan atender al anciano que origina la necesidad de mediación.
En sentido opuesto, el experto Arturo Almansa explica que los adolescentes también están detrás de muchos de los conflictos familiares que acaban necesitando de la intervención de una tercera persona para resolverse. «Hay veces en las que el conflicto entre los padres se produce porque no saben cómo afrontar la adolescencia de los hijos. Un adulto sabe dónde están sus límites, pero un adolescente no y puede haber problemas. Cada vez es más frecuente que en estos casos el problema acabe en mediación y, muchas veces, interviene y se considera la opinión del menor», señala el profesional.
Todos los interesados en este servicio pueden solicitar información y un listado de mediadores en el departamento de Familia de la Junta en la capital, ubicado junto al Museo de la Evolución Humana. Hay que tener en cuenta que en los casos en los que un miembro de la familia tiene una conducta violenta hacia otro, o si hay un problema de adicciones, este método no es eficaz para resolver el problema.