Ecuador ha instado a la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, la revisión del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos
La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador ha instado a la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, la revisión del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos. La petición se basa en una de las demandas planteadas por la compañía norteamericana Chevron y Texaco Petroleum, adquirida por la primera. Dicha demanda fue ganada por Chevron en 2010, con un dictamen a su favor de 700 millones de dólares. A este asunto nos hemos referido en posts anteriores.
La PGE, que representa al Gobierno ecuatoriano en litigios internacionales, mantiene que la corte arbitral que emitió esa decisión se basó en una interpretación errónea del tratado y por ello quiere que el tema sea revisado
«La responsabilidad del Estado por denegación de justicia sólo surge cuando el reclamante ha agotado todos los recursos judiciales bajo la legislación interna, lo que nunca hizo Texaco», ha dicho el procurador ecuatoriano, Diego García, en un vídeo colgado hoy en la página de internet de la entidad que dirige.
Texaco operó campos petroleros en asociación con el Estado ecuatoriano entre 1964 y 1990, y posteriormente fue adquirida por Chevron.
Entre 1991 y 1993, Texaco presentó seis demandas contra Ecuador por supuestas violaciones del contrato conjunto, sobre las que la Justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia, por lo que en 2006 Chevron se acogió al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones y presentó la demanda ante La Haya. La protesta de la compañía norteamericana fue admitida a trámite en 2010.
El caso no está relacionado con la demanda presentada por particulares contra Chevron por presuntos daños ambientales en la Amazonía, por los cuales un juez ecuatoriano condenó en febrero a la petrolera a pagar más de 9.500 millones de dólares, una cifra que se doblará si la compañía no pide disculpas. Dicho caso se encuentra en proceso de apelación.
La Procuraduría mantiene que dados los recursos «ilimitados» de Chevron para impulsar las demandas de los años 90, el retraso en la Justicia ecuatoriana para emitir una sentencia «no sólo fue consentido y tolerado por Chevron, sino que fue una situación buscada por la propia empresa» para así acudir a cortes internacionales.
También alega que Chevron pretendía que un dictamen a su favor en La Haya «restará validez» a los tribunales ecuatorianos y así argumentar que era injusto cualquier fallo en su contra en el caso por daños ambientales.
Ecuador comunicó al Departamento de Estado de EE.UU. el pasado 28 de junio su petición, lo que inicia el proceso para convocar el nuevo tribunal arbitral, según la Procuraduría.El país latinoamericano cuenta con dos meses para nombrar a su árbitro; EE.UU. también tiene plazo hasta el 28 de agosto para nombrar al suyo.
Una vez que los dos árbitros queden establecidos, ellos elegirán a un tercero para presidir el Tribunal que estará regido bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.
Fuente: Intereconomia.com