El procedimiento de Philip Morris costará a Uruguay entre 3 y 4 millones de dólares
El procedimiento que inició la tabacalera Philip Morris Internacional (PMI) contra Uruguay ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial costará al país entre 3 y 4 millones de dólares y durará no menos de dos años, dijo el jueves el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.
«El costo total (de la defensa de Uruguay) no creo que supere entre 3 y 4 millones de dólares; (…) es una cifra que tenemos prevista para afrontar» el juicio iniciado en marzo de 2010 por Philip Morris, que mantiene un punto de vista «equivocado» e «injusto», dijo Cánepa en una rueda de prensa.
La tabacalera presentó en marzo de 2010 una demanda ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial contra las normas antitabaco del país, como la imposición de pictogramas que cubran el 80% del frente y reverso del paquete de cigarrillos y la prohibición de comercializar productos con el rótulo ‘light’.
En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, -que se convirtió el 1 de marzo de 2006 en el primer país de América Latina y el quinto del mundo en ser libre de humo de tabaco-, desestimó una acción de inconstitucionalidad presentada por la filial de PMI en Uruguay.
También en noviembre, el país recibió el respaldo de más de 170 miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunidos en Punta del Este (140 kilómetros al este de Montevideo).
«Hay muchos países que están esperando ver cómo se resuelve este caso para continuar con sus políticas antitabaco. (…) Si es una pelea tan importante (…) necesitamos de la ayuda del resto del mundo, afirmó Cánepa.
El prosecretario señaló que Uruguay recibió la donación de 500.000 dólares promovida por el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, a través de la ONG Tobacco Free-Kids.
El apoyo no es menor para un país con un Producto Interior Bruto (PIB) de apenas 31.500 millones de dólares en 2009, la mitad de la facturación de Philip Morris International ese mismo año, que ascendió a 62.080 millones.
Uruguay eligió como árbitro ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI o ICSID, por sus siglas en inglés) al abogado australiano James Crawford, mientras que PMI designó como representante al estadounidense Gary Born, y el CIADI al italiano Piero Bernardini.
«Estamos muy convencidos no solamente de que tenemos razón, sino que tenemos un equipo muy bueno que va a llevar adelante la defensa de Uruguay», declaró Cánepa.
El país será representado por el estudio Foley Hoag, liderado por el abogado Paul Reichler, presente en la rueda de prensa, el mismo que defendió a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya en su disputa con Argentina por la instalación de la planta de celulosa UPM (ex Botnia).
Reichler, quien afirmó que el 90% de los nuevos consumidores de tabaco son adolescentes, defendió las medidas antitabaco tomadas por el gobierno y fustigó el marketing de PMI «dirigido a inducir a adolescentes a comprar un producto y a hacerlos adictos por toda la vida». «Y es necesario», ironizó Reichler, «porque estas empresas venden productos que matan a sus clientes, entonces hay que seguir buscando a nuevos clientes para reemplazar a los clientes matados por las empresas que venden estos productos. ¿Y dónde encuentran a estos nuevos clientes? Entre la juventud».
Cánepa señaló que el gobierno está abierto a un acuerdo con PMI siempre y cuando no implique «modificar las potestades soberanas que tiene el país de mantener su política antitabaco», «porque está convencido de que es una política justa» que «tiene un resultado positivo para la sociedad».
La primera sesión de este juicio tendrá lugar el 25 y 26 de mayo en París. En representación del gobierno uruguayo, irá el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, junto a Cánepa y una comitiva de abogados.
Según datos de la Presidencia, la demanda de PMI asciende a 2.000 millones de dólares.
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