Mediación y arbitraje

Una factura eléctrica desmesurada, un servicio técnico que no ha cumplido su función o una publicidad engañosa son problemas a los que los ciudadanos se pueden enfrentar en su faceta diaria de consumidores. Para resolver estos conflictos, estas reclamaciones, se encuentra el Sistema Arbitral de Consumo, definido por la ley como «el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios o profesionales». Un organismo que, a lo largo del año 2010, ha recibido, tan solo en Cantabria, un total de 3.323 solicitudes de arbitraje, dato que sitúa a la región a la cabeza de España en número de solicitudes presentadas por número de habitantes, según el director de la Agencia Cántabra de Consumo, Vicente Gozalo.

De igual modo, tomando como referencia las solicitudes de arbitraje tramitadas desde la agencia, es decir, las solicitudes pendientes del año anterior más las presentadas en el año 2010, la cifra asciende a 4.235 expedientes tramitados durante el año pasado. «Se trata de un volumen extraordinariamente importante de tramitación, sin precedentes en otras juntas arbitrales, y que encuentra su justificación en una época de reajustes presupuestarios y de personal, así como en el esfuerzo y compromiso del personal adscrito a la sección de arbitraje, en particular, y a la Agencia Cántabra de Consumo, en general», señala el director.

Fue en el año 1998 cuando este sistema se implantó en la comunidad autónoma. Trece años en los que su evolución ha sido «extraordinariamente importante», según Gozalo, «gracias a la apuesta del Gobierno de Cantabria por las políticas de consumo y la potenciación de la actividad de la Junta Arbitral».

Una apuesta, en definitiva, por el uso de una vía jurisdiccional «extrajudicial, rápida y eficaz» para la protección de los intereses generales, «algo que convierte a la Junta Arbitral de Cantabria en un instrumento de vital importancia para la protección del mercado, creado desde el mercado y dispuesto para el mercado», explica Gozalo.

Son precisamente los datos de estos trece años los que avalan que el grado de funcionamiento de este organismo «ha ido mejorando constantemente». Ejemplo de ello es el número de empresas adheridas al sistema, aspecto importante dado que la Junta tiene como premisa necesaria el sometimiento voluntario de ambas partes, es decir, del consumidor y del profesional. El crecimiento de este volumen en los últimos ocho años es de un 534%, ascendiendo desde los 345 empresarios inscritos en 2003, hasta los 1.843 actuales.

Asimismo, el número de laudos dictados por la junta o, lo que es lo mismo, el número de reclamaciones resueltas, fue de 126 en el año 2003 y de 988 en 2010, lo que supone un incremento de más de un 700%.

Se trata de unos datos que «no son fruto de la casualidad», en palabras del director de la agencia, sino que son «el resultado de una estudiada planificación en materia de consumo, con diferentes medidas que han resultado cruciales en esta evolución». En este sentido, Gozalo destaca la aprobación de la Ley de Cantabria de Protección y defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada en el año 2006, y de la Ley de creación de la Agencia, en 2008, «la primera modificando y potenciando la protección material de los derechos de los consumidores de nuestra región mediante una norma de última generación, extraordinariamente ambiciosa, y cuyos resultados prácticos se visualizan claramente tras la creación de la Agencia Cántabra de Consumo, instrumento que se evidencia fundamental para el desarrollo de las políticas de consumo», argumenta.

Fuente: El Diario Montañés