El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo votó en favor de la nueva legislación sobre la resolución alternativa de disputas (ADR) y la resolución de conflictos online (ODF). La votación confirmó el acuerdo político alcanzado en diciembre de 2012 con relación a las dos propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea en 2011.

LE PARLEMENT EUROPÉEN VOTE EN FAVEUR DE LA NOUVELLE LÉGISLATION ADR ET ODR. En mars dernier, le Parlement européen a voté en faveur de la nouvelle législation sur la résolution alternative des litiges (ADR) et la résolution des conflits en ligne (ODR). Le vote a confirmé l’accord politique conclu en décembre 2012, par rapport aux deux propositions législatives présentées par la Commission européenne en 2011.

Las normas sobre ADR se asegurarán de que los consumidores pueden recurrir a entidades de resolución de disputa alternativa de calidad para todo tipo de controversias contractuales que tengan con los comerciantes; sin importar el objeto de adquisicion y si la misma se llevó a cabo on-line,  lo que compra y si compró en línea o no, fuera o dentro de las fronteras.

Por otra parte, y según la normativa de ODR, se establecerá una plataforma online de toda la Unión Europea para el manejo de conflictos de consumo que surjan de las transacciones en línea. La plataforma vinculará a todas las entidades de resolución alternativa de conflictos nacionales y operará en todos los idiomas oficiales de la UE.

Los Estados miembros tendrán dos años para implementar las reglas ADR/ODR. La plataforma ODR estará operativa a finales de 2015.

Fuente: Comisión Europea

RÉGIME JURIDIQUE DE LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE DANS LES LITIGES TRANSFRONTALIERS EN ESPAGNE APRÈS LA LOI 5/2012. Carlos Esplugues, professeur de droit international privé à l’Université de Valence (Espagne), a publié un article sur le cadre juridique pour la médiation dans les litiges transfrontaliers en nature civile et commerciale dans le premier numéro de la Revue mexicaine de droit comparé 2013. Ci-joint le lien que le document peut être consulté.

Fuente:  Social Science Research Network

La Cour Constitutionnelle, dans une décision du 24 octobre 2012, sur saisine du tribunal de Rome, a jugé anticonstitutionnel pour un excès de délégation législative, le «Decreto Legislativo» du 4 mars 2010, texte pris pour la transcription de la Directive européenne sur la médiation et instituant la médiation obligatoire dans plusieurs domaines.

ITALIA: LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL LA NORMA QUE TRANSCRIBE LA DIRECTIVA EUROPEA DE MEDIACIÓN. La Corte constitucional italiana, en una decisión de 24 de octubre de 2012, ha declarado inconstitucional por exceso en la delegación legislativa la norma de 4 de marzo de 2010 a través de la cual se llevaba a cabo la trasposición de la Directiva europea de mediación y por medio de la cual se establecía la mediación obligatoria en determinados ámbitos.

Source: Cour Constitutionnelle de l’Italie

Le Conseil de Barreaux europeens a publié des Commentaires sur la proposition de la Commission pour une Directive relative au Règlement extrajudiciaires des litiges de consommation et sur la poposition de Règlement en ligne des litiges de consommation.

El Consejo de la Abogacía Europeo ha publicado unos Comentarios sobre la proposición de la Comisión para una Directiva relativa a la reglamentación extrajudicial de litigios de consumo y sobre la propuesta de Reglamento para la solución en línea de los litigios de consumo.

[El texto continúa en francés]

On peut consulter ici le texte de la Directive et le texte du Règlement.

Le Conseil de Barreaux europeens est une association internationale sans but lucratif qui a pour objet d’assurer: 1)  la représentation des barreaux membres, qu’ils soient effectifs, associés ou observateurs, dans toutes les matières d’intérêt commun ayant trait à l’exercice de la profession d’avocat, au respect de l’État de droit et d’une bonne administration de la justice ainsi qu’aux développements importants du droit, tant au plan européen qu’international; 2) le rôle d’organe consultatif et intermédiaire entre ses membres, qu’ils soient effectifs, associés ou observateurs, et entre ses membres et les institutions de l’Union européenne et de l’Espace économique européen dans toutes les matières transfrontalières d’intérêt commun reprises ci-dessus; 3) le respect de l’État de droit, des droits de l’homme et de la protection des droits et libertés fondamentales, en ce compris le droit à l’accès à la justice et la protection du client, ainsi que la protection des valeurs démocratiques intimement liées à l’exercice de tels droits.

Source: CCBE

Cuando a principios de enero que la ley fue aprobada en el Bundestag, podría haber parecía que sólo un par de semanas eran necesarias para finalizar el proceso legislativo. Sin embargo, pronto resultó que la Ley de Mediación requería el trabajo del Comité de Mediación (Vermittlungsausschuss) de la cámara alta y baja (Bundesrat y el Bundestag) para encontrar una solución amistosa en el parlamento alemán.

El modelo de la corte integrada de mediación con  jueces actuando como mediadores (con el firme apoyo de algunos estados federales), y el concepto de un juez de conciliación (Güterichter) introducido por la Bundestag, eran vistos como los principales elementos de discordia. Finalmente, ambos elementos se han integrado en la ley.

Asimismo, otros elementos que se incluyen en la Ley de Mediación son los siguientes:

– Los incentivos financieros para fomentar la mediación (por primera vez en la legislación alemana). Tales incentivos pueden ser creados por cada departamento de las Lander (por lo que potencialmente será diferente de un estado a otro). Los Estados pueden reducir o incluso renunciar a las tasas judiciales, si las cosas se resuelven a través de la mediación u otros medios de ADR. Queda por verse cuán generosos son los Estados en la creación de estos incentivos, mientras que vienen de sus presupuestos;

– Introducción del título de un «mediador certificado», que tiene que pasar por lo menos 120 horas de formación intensiva. Antes de la Ley de Mediación, los mediadores alemanes no tenían que cumplir con las normas educativas específicas requeridas por la ley;

– Suspensión de los plazos de prescripción durante el procedimiento de mediación;

– Obligatoriedad de los acuerdos de transacción llegó a pesar de la mediación.

Fuente: Kluwer Mediation

«Tendremos que hacer una labor didáctica -continuó señalando el ministro- para que la sociedad en su conjunto, desde las comunidades de vecinos hasta las cámaras de comercio, advierta el beneficio de una figura que ya ha tenido un señalado éxito en otros ámbitos, como es el familiar. La intervención de un mediador no judicial facilita el acercamiento de las partes y la consecución de un acuerdo con naturaleza de título ejecutivo, y tiene la ventaja de evitar un proceso judicial, siempre más complejo».

El texto completo de la intervención puede ser consultado en el siguiente enlace.

Fuente: Ministerio de Justicia

En este sentido, el documento publicado por la Comisión Europea establece que «si surge un problema sobreviene en el contexto de una compra en línea, los consumidores deben poder encontrar una solución rápida y poco onerosa. La incertidumbre sobre los pasos a seguir cuando surge un problema sigue siendo un obstáculo fundamental para generar confianza en la utilización de los servicios en línea. Sin embargo, el litigio ante los tribunales de justicia no ofrece hasta el momento una solución satisfactoria para resolver las controversias que surjan de las transacciones comerciales en línea, ya que los medios judiciales tradicionales de resolución de disputas representan un coste y un tiempo importante. Por lo tanto, es preciso reforzar la eficacia de la aplicación del Derecho en general y, en particular, facilitar la resolución de los conflictos en línea. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos constituyen herramientas más rápidas y menos costosas a la hora de resolver los conflictos y permitir un un desarrollo óptimo de los servicios en línea. Sin embargo, son en la actualidad poco disponibles para ser utilizados en línea, poco o mal conocidos y no se aplican en todos los sectores. Para remediar esta situación, y conforme al Acta para el Mercado Único, la Comisión ha propuesto una directiva relativa a la resolución extrajudicial de los litigios de consumo, así como un reglamento relativo a la resolución extrajudicial en línea de litigios de consumo. El Parlamento Europeo y el Consejo deberán adoptar rápidamente estas proposiciones. Además, la Comisión adoptará próximamente una iniciativa legislativa sobre la solución de controversias en los conflictos que se planteen entre empresas».

Fuente: Commission Européenne

La aprobación de la Ley se basa en la recomendación del Comité Jurídico, que – como se señaló en el comunicado oficial – se hizo por unanimidad por parte de los cinco grupos políticos en el Bundestag. El Comité estuvo de acuerdo en una serie de modificaciones al proyecto original presentado en abril de 2011 (17/5335, 17/5496). Se tuvo en cuenta, entre otras cosas, las opiniones críticas expresadas en la audiencia de expertos que tuvo lugar el 25 de mayo de 2011.

Uno de los temas más polémicos en la etapa final de las discusiones fue el papel que los jueces están puedan desempeñar en la mediación, y el modelo de «tribunal integrado mediación» (Mediación gerichtsinterne) o «la mediación realizada por los jueces» (Mediación richterliche). La Conferencia de Ministros de Justicia, el foro donde se encuentran los ministros representantes de los estados federales, adoptó una resolución de apoyo a este modelo el 9 de noviembre de 2011. El 10 de noviembre de 2011, la Asociación de Jueces alemanes (Deutscher Richterbund) emitió un comunicado de prensa manifestando su satisfacción por esta resolución, y aprobó el papel de los jueces como mediadores. Sin embargo, la regulación propuesta no fue autorizada finalmente por el Comité Jurídico.

Otra cuestión importante era la condición de mediador y los requisitos para su certificación. De conformidad con la Ley, los mediadores se convierten en «mediadores certificados» si cumplen con ciertos criterios en cuanto a su educación y formación (por ejemplo, por lo menos 120 horas de capacitación en mediación).

Fuente: Kluwer Mediation Blog

La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation est déçue par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 qui transpose en France la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. La seule organisation professionnelle syndicale des médiateurs dénonce une ordonnance restrictive et dont le caractère anti-constitutionnel est flagrant.

La Cámara Profesional de la Mediación y de la Negociación se siente decepcionada por la Ordenanza número 2011-1540, que lleva a cabo la trasposición en Francia de la Directiva Europea 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en materia civil y comercial. La única organización profesional de mediadores denuncia una Ordenanza restrictiva en la que el carácter constitucional aparece como flagrante.

Sur la définition de la médiation

Selon l’ordonnance, « La médiation (…) s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.»

Initiateurs et promoteurs du concept de « processus structuré », les médiateurs professionnels remarquent que le rédacteur officiel entend par « processus structuré » un déroulement sans rigueur ni consistance, à l’opposé du « processus structuré » de la médiation professionnelle, lequel est un processus en deux grandes étapes : la préparation individuelle de chacune des parties, suivie de l’organisation et de l’animation de leur rencontre. Le médiateur professionnel découpe l’entretien en trois parties, et la réunion également.

Les médiateurs professionnels ne peuvent que constater que la structuration de leur processus va bien au-delà des exigences légales et que la médiation définie par le gouvernement est confusionnelle.

Sur l’exercice de l’activité de médiateur

Pour le législateur français, le médiateur doit faire preuve d’impartialité, de compétence et de diligence. Aucune autre spécificité n’est requise.

Avec leurs trois éléments de posture que sont l’impartialité (relativement aux protagonistes), la neutralité (relativement à l’aboutissement et à la solution) et l’indépendance (relativement à toute forme d’autorité – tutélaire et culturelle), les médiateurs professionnels continueront donc d’être des professionnels répondant aux critères de qualité et de rigueur, spécifiques des membres de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation – la CPMN, dont le Code d’Ethique et de Déontologie – le CODEOME – restera fondateur des règles et principes fondamentaux pour l’exercice de la médiation professionnelle.

Il reste regrettable que les médiateurs ne soient pas reconnus dans leur posture d’indépendance.

Concernant la garantie de confidentialité

L’ordonnance prévoit que les constatations du médiateur peuvent être divulguées « En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ».

Cette disposition est nuisible à la médiation. Il s’agit d’entorses au principe de confidentialité, pilier de la médiation professionnelle. Les médiateurs ne sont pas des témoins et ne doivent pas être impliqués dans cette posture.

Les notes d’un médiateur professionnel prises lors des réunions ou des entretiens doivent rester strictement confidentielles. Le médiateur ne saurait enquêter. Il doit rester distant, c’est-à-dire impartial, et indépendant, même de la raison d’État, de l’ordre public ou des bonnes mœurs. Sinon, par défaut d’indépendance, il serait de parti pris, ce qui contreviendrait à la posture que le législateur a considéré comme indissociable de l’activité de médiateur.

Dans tous les cas, les médiateurs professionnels s’engagent, par delà cette disposition, à respecter la stricte confidentialité dont les parties peuvent avoir besoin.

Sur la durée de la médiation

En matière judiciaire, pour que l’affaire soit maintenue sous la tutelle du juge, un délai de trois mois reconductible devra être respecté.

En matière conventionnelle, il appartiendra toujours aux parties de poursuivre leurs échanges sur la durée dont elles auront besoin pour se déterminer et arrêter une décision de clôture de leur différend.

Des conditions spécifiques sont prévues en matière administrative, pour ce qui concerne les créances publiques liées à des différends transfrontaliers. La prescription ne peut être suspendue plus de six mois. Toutefois, le rédacteur n’a rien prévu dans le cas où les parties conviendraient de mettre un terme à une médiation et d’en recommencer une autre.

En ce qui concerne la fin de la médiation, le législateur prévoit que le médiateur pourrait arrêter la médiation. En matière judiciaire, le juge peut à tout moment mettre un terme à la médiation.

La CPMN rappelle qu’un médiateur professionnel ne met jamais fin de lui-même à une médiation. Il peut mettre un terme à sa mission mais a l’obligation de proposer aux parties un autre médiateur professionnel. Dans le cadre de la médiation professionnelle, seules les parties peuvent mettre un terme à la médiation.

Sur le devenir de l’accord

Le législateur entache la liberté contractuelle en introduisant la possibilité officielle de contrarier la libre décision par l’homologation du juge.

Les médiateurs professionnels attirent l’attention sur le fait qu’une telle homologation ne se comprend que si l’une des parties suspecte l’autre de ne pas respecter ses engagements.

Or, l’accord issu d’une médiation ne diffère en rien d’un libre contrat ou d’un avenant. C’est un abus juridique que de lui conférer un autre caractère, qui plus est un caractère suspicieux quant à sa validité, ce qui justifierait une homologation judiciaire.

Plutôt que l’homologation de l’accord, la CPMN préconise l’insertion d’une clause de médiation, pour entretenir l’état d’esprit d’altérité à la place de celui de l’adversité.

Sur l’anticonstitutionnalité

Le législateur a prévu que la médiation ne pourrait pas être mise en place dans le contexte prud’homal, sauf s’il s’agit de conflits transfrontaliers.

Au nom de quelle prérogative interdirait-on à des personnes de se rencontrer en présence d’un tiers pour discuter de la manière dont elles pourraient mettre un terme à un différend, quel que soit le stade d’une procédure ?

La CPMN rappelle aux organisations des partenaires sociaux qu’empêcher des personnes de recourir à la médiation est non seulement illusoire mais contraire à la règle constitutionnelle de la liberté individuelle.

Sur le renvoi aux dispositions antérieures

L’ordonnance fait plusieurs renvois sur un décret du Conseil d’Etat. S’il apparaît dans le rapport au Président de la République que la plupart des renvois concernent les dispositions de l’article 131-1 et suivants du Code de procédure civile, le flou est persistant quant aux questions relatives aux litiges transfrontaliers en matière prud’homale.

La CPMN, en tant qu’organisation syndicale professionnelle, demande à être consultée pour l’élaboration des décrets d’application.

Sur l’absence de contenu

La CPMN regrette qu’un texte auquel elle a participé en vienne à être adopté sous cette forme. Vide de contenu utile et pertinent, il ne sert qu’à polluer la médiation et son développement. Le législateur aurait pu de manière pertinente s’intéresser au renforcement de l’exercice de la liberté de décision. Dans cet esprit, il aurait pu édicter les conditions de participation à une médiation : avec ou sans représentant, avec substitution ou présence obligatoire ; conditions de rupture ou sortie de médiation ; sanction en cas d’utilisation dilatoire manifeste. Il aurait pu aussi clarifier ce qu’est la médiation relativement à la négociation, la conciliation, l’arbitrage, aux services consommateurs, la défenses d’intérêts, au traitement des litiges par des services juridiques ou administratifs, à la posture de conseil ou de soutien exclusif…

La CPMN réaffirme qu’elle a déjà effectué ce travail de clarification, et fait des propositions sur l’ensemble de ces points. Le fruit de l’expérience et de la réflexion des médiateurs professionnels restera publié sur le WikiMediation.

Source: Médiatoroscope; Wikimédiation

L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 a pour objet de transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui fixe notamment un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends par les parties à ce différend, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. Cette ordonnance est prise en application de l’article 198 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive, afin de respecter au maximum le délai de transposition expiré le 21 mai 2011. Tenant compte du fait que les dispositions prises en matière de médiation impacteraient nécessairement d’autres domaines que ceux de la médiation proprement dite, mais s’en rapprochant, telle la transaction, le Parlement a habilité le Gouvernement à «harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises » en matière de droit de la médiation.

On peut consulter le Rapport au Président de la République sur le lien suivant.

Source: CIMA