El subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, ha informado este miércoles de que más de 260.000 titulares de participaciones preferentes emitidas por las entidades nacionalizadas (Bankia, NCG Banco y Catalunya Banc) han recuperado ya 1.890 millones de euros de su inversión gracias a los procesos de arbitraje.

260.000 INVESTISSEURS ONT RÉCUPÉRÉ 1.890 MILLIONS GRÂCE À L’ARBITRAGE. Le sous-gouverneur de la Banque d’Espagne et président du Fonds de Restructuration Ordonnée Bancaire (FROB), Ferdinand Restoy, il a informé ce mercredi de que plus de 260.000 titulaires de participations préférentielles émises par les entités nationaliser (Bankia, NCG Banc et Catalogne Banc) ont récupéré déjà 1.890 millions d’euros de son investissement grâce aux processus d’arbitrage [Le texte continue en espagnol].

Durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, Restoy ha afirmado que este sistema ha permitido que «más de 260.000 clientes hayan obtenido o vayan a obtener próximamente una compensación equivalente a su inversión nominal», lo que supone que más de la mitad de los inversores minoristas con este tipo de productos y más del 60% de los que solicitaron el arbitraje serán compensados, una cifra que «aumentará algo en las próximas semanas» dado que el proceso aún sigue abierto en Bankia y Catalunya Banc.

En concreto, el responsable del FROB ha recordado que en NCG ya ha concluido el proceso, con laudos positivos para 58.000 clientes (el 62% de los que presentaron reclamación) por valor de 496 millones de euros. Por su parte, el experto independiente contratado por Catalunya Banc ya ha aceptado las reclamaciones de 37.176 titulares (35,1% de los solicitantes) por valor de 338 millones, y «está previsto que el proceso concluya en los próximos meses».

Finalmente, en Bankia el experto ha admitido ya 174.100 solicitudes (el 76,3% de las presentadas) por valor de 2.245 millones de euros. «Los laudos avanzan a buen ritmo, y ya se han resuelto con dictamen favorable las reclamaciones de 117.685 clientes por valor de 1.056 millones. Se prevé que el proceso arbitral en Bankia finalice durante el primer semestre de 2014», ha zanjado el presidente del FROB.

Fuente: Invertia

Los casos de éxito de los servicios de mediación para resolver conflictos familiares alcanzan el 80%, aunque apenas el 1% de la población española acude a este instrumento para resolver sus problemas. Esta es la principal conclusión que se trasladó este lunes en la sede de la Comisión y el Parlamento Europeo en Madrid, durante un acto reivindicativo de varias entidades para declarar el 21 de enero Día Europeo de la Mediación, coincidiendo con la fecha de la aprobación de una recomendación sobre mediación familiar por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

LES ACCORDS DE MÉDIATION FAMILIALE SURPASSENT LE 80 % EN ESPAGNE. Les cas de succès des services de médiation pour résoudre des conflits familiaux atteignent 80 %, bien que  seulement le 1 % de la population espagnole utilise cet instrument pour résoudre ses problèmes. C’est la conclusion principale qui s’est déplacée ce lundi dans le siège de la Commission et le Parlement Européen à Madrid, durant un acte revendicatif de quelques entités pour déclarer le 21 janvier le Jour Européen de la Médiation, en coïncidant avec la date de l’approbation d’une recommandation sur une médiation familiale de la part du Comité de Ministres du Conseil de l’Europe [Le texte continue en espagnol].

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Carmen Rodríguez, directora de la Asociación Española de Mediación y vocal de la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Mediación (Fapromed), una de las participantes en el acto, destacó que aunque la mediación es un instrumento voluntario para la resolución de roces familiares, también se puede dar por mandato judicial.

Citando estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indicó que entre el 17 y el 20 por ciento de las causas judiciales se paralizan para acudir a la mediación, pero tiene mejores resultados cuando las partes acuden a ella voluntariamente. Sólo el 20% de esos casos impulsados por el juez consiguen llegar a un acuerdo.

Julia Pérez, directora de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), destacó las ventajas de la mediación, algo que, en su opinión, “tiene mucho potencial”. “Es mucho menos costosa desde el punto de vista judicial y emocional, pues estamos trabajando con familias, parejas y sus hijos”, concretó.

En esta línea se expresó Ana Cobos, presidenta de Amecom: “Cuando un proceso llega a los tribunales es complicado que se derive a la mediación y tenga éxito, porque las partes están muy posicionadas. Por eso pedimos que la mediación se produzca antes de llegar a juicio”.

La abogada y mediadora de la Unaf Begoña González incidió en que “la mediación está menos implantada de lo que podría ser”, a pesar de que ha proliferado en la Unión Europea con el aumento de las separaciones y divorcios.

Influencia de la crisis

Aunque los expertos reclaman una mayor difusión social y la elaboración de estadísticas para radiografiar los resultados de esta herramienta, sí que han percibido una cierta influencia de la situación económica en su trabajo.

“La crisis económica no ha provocado un descenso de separaciones y divorcios. Se ha detenido. Pero también una de las causas de conflicto familiar es, especialmente, la dificultad económica. En esa situación la mediación se presenta como una alternativa que beneficia a los hijos, que se mantendrán al margen del conflicto”, reivindicó González.

Sin embargo, afirmaron que el efecto de la crisis sí que se percibe más en que los servicios sanitarios y sociales desvían casos a los mediadores que antes se atendían desde las distintas administraciones. En la actualidad, las asociaciones que integran la Unaf, así como otros organismos públicos como los Centros de Atención a la Familia (CAF) y algunos ayuntamientos, siguen prestando mediación de forma gratuita.

De hecho, esta herramienta no sólo se puede aplicar al ámbito de los conflictos familiares, sino también al mundo empresarial, policial y social. Uno de los entornos donde cada vez se está demandando más es en la resolución de conflictos en las comunidades de vecinos.

Otra de las cuestiones solicitadas por las representantes de los mediadores es que se unifiquen los criterios en toda la UE para que se homologue la formación de estos profesionales. Según manifestaron, lo adecuado sería contar con, al menos, 300 horas, de las que el 25% fuesen para la formación práctica de los mediadores.

Fuente: ElEconomista.es

MÉDIATION FAMILIALE GRATUITE DANS LES ÎLES BALEARES (ESPAGNE). Le Gouvernement de les îles Baleares (Espagne) offre, depuis ce janvier et pour la première fois, le service de médiation familiale dans toutes les îles gratuitement. La médiation familiale est un processus volontaire pour résoudre des conflits entre les membres de la même famille qui évite, ainsi, les tribunaux. Ceux-ci sollicitent l’aide du médiateur ou médiatrice qui agit avec confidentialité et impartialité [Le texte continue en espagnol].

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Así, la Dirección General de Familia y Menores dispondrá de un bolsín de mediadores familiares, todos ellos inscritos en el Registro de Mediación Familiar y con una formación acreditada, tal y como regula la normativa, de manera que se garantice un ejercicio profesional de calidad (similar al sistema de abogados de oficio). El pasado 26 de diciembre se publicó en el BOIB el decreto que regula las condiciones que tienen que cumplir las personas que quieran trabajar en el servicio público de mediación familiar de las Illes Balears.

Este servicio se dirige a los miembros de parejas o familias que se encuentran inmersos en una situación de conflicto susceptible de ser planteado judicialmente (procesos de separación o divorcio, desacuerdo sobre la atención a las personas mayores, a familiares enfermos o incapacitados, etc.) y que cumplen una serie de requisitos.

Los requisitos son no sufrir ninguna adicción grave, que no existan antecedentes de maltrato o abuso entre las partes implicadas, no padecer, ninguna de las personas implicadas, trastornos mentales activos e incapacitantes, o, en caso de procedimientos judiciales abiertos a causa del conflicto familiar, que las personas implicadas estén dispuestas a aplazarlos, a la espera de llegar a un acuerdo a través de la mediación.

La Dirección General de Familia y Menores, a través del Servicio de Mediación Familiar, valorará cada petición y designará el servicio o lo denegará en función del cumplimiento de los requisitos mencionados. La mediación consiste en un máximo de siete sesiones (aunque se darán las necesarias según cada caso), mediante las cuales se ayuda a los participantes a recuperar la comunicación con el otro miembro de la pareja o de la familia, se ofrece la posibilidad de llegar a acuerdos y evitar una imposición judicial, se ayuda a reducir el malestar psicológico que a veces generan estos conflictos, y puede evitar un procedimiento judicial de larga duración, así como las consecuencias emocionales y los costes económicos que genera.

Con esta medida, el Gobierno cumple los postulados de la Ley de mediación familiar, que insta la administración pública a impulsarla, a la vez que potencia un servicio importante del área de familia, dado que supondrá un ahorro para los integrantes de familias con este tipo de problemas, además de los beneficios personales ya mencionados que conlleva evitar las situaciones judiciales. En una gran parte de comunidades autónomas, la prestación de este servicio público se hace mediante copago en algunos casos y, en otros, no es un servicio ni público ni gratuito.

Fuente: Govern de les Illes Balears

Calabuig solicitó a la entidad en marzo, mediante burofax, el ejercicio de ese derecho. El precio, fijado en los estatutos, sería la mitad del valor en libros de IF Agval, es decir, 50,5 millones de euros. Fuentes del sector consideran este precio muy bajo, puesto que serviría para tomar el control de un grupo con contratos a largo plazo que el año pasado ganó 21 millones.

Caixabank, que este miércoles declinó pronunciarse, renunció recientemente a los tres consejeros a los que tenía derecho en Avsa, ya que cuando compró el banco Competencia le obligó a abandonar este consejo o el de Aguas de Barcelona.

Los árbitros deberán dictar un laudo en un máximo de seis meses, que será firme para las partes. La familia Calabuig y Suez Environnement -socio de La Caixa-, que tiene un 33 por ciento de Avsa, mantienen un largo pulso por el control de la compañía valenciana.

Fuente: El Economista

LA EFICACIA DE COSA JUZGADA EN MATERIA DE ARBITRAJE: SENTENCIA DE LA CORTE DE CASACIÓN FRANCESA DE 13 DE MARZO DE 2013. En el marco de un arbitraje relativo a cesiones de participaciones previstas por un contrato de enseña entre Carrefour y uno de sus minoristas, un tribunal arbitral dictó el 13 de diciembre de 2010 una sentencia desfavorable a Carrefour. El minorista solicitó una interpretación de la susodicha sentencia al mismo tribunal arbitral y Carrefour presentó frente al Presidente del Juzgado de Primera Instancia de París una demanda de recusación contra el presidente del tribunal arbitral, alegando un defecto de imparcialidad y de independencia. Paralelamente, Carrefour también ejerció un recurso en anulación en contra de la sentencia principal sobre los mismos fundamentos señalados [El texto continua en francés].

Dans sa demande de récusation, Carrefour reprochait principalement au président du tribunal arbitral son défaut d’impartialité et d’indépendance du fait qu’il aurait été par ailleurs le conseil d’un autre acteur de la grande distribution, directement intéressé au résultat de la sentence. Cette argumentation a été rejetée par ordonnance du 22 juillet 2011.
Carrefour a néanmoins poursuivi son recours en annulation de la sentence arbitrale sur le fondement de l’article 1492 du Code de procédure civile qui prévoit l’ouverture du recours en annulation en cas de tribunal arbitral irrégulièrement constitué. Le recours en annulation a été rejeté pour un motif procédural: l’identité des motifs invoqués. En effet, la Cour de cassation a considéré que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge d’appui qui rejette la demande de révocation d’un arbitre pour défaut d’impartialité et d’indépendance fait obstacle, sauf élément nouveau survenu après l’ordonnance, à une demande d’annulation de la sentence fondée sur les mêmes faits.

Par cet arrêt, la Cour de cassation donne une bonne illustration de l’autorité de chose jugée (res judicata) en matière d’arbitrage. On notera d’une part que la sentence interprétative, rendue en application de l’article 1485 alinéa 2 du Code de procédure civile, se rattache à la sentence principale et n’a pas d’existence autonome, puisqu’elle l’interprète uniquement, toute modification de la sentence principale étant expressément interdite par la jurisprudence. [2] D’autre part, l’ordonnance de non-récusation du juge d’appui est revêtue de l’autorité de chose jugée quant à la question de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral tranchant la question principale. Puisque la procédure d’interprétation de la sentence arbitrale n’a pas d’autonomie propre et qu’elle est rattachée à la procédure arbitrale principale, la Cour en a déduit à juste titre que les conditions de l’autorité de chose jugée de l’article 1351 du Code civil (identité de parties, cause et objet) sont bien remplies. La Cour de cassation aurait pu en décider autrement si un fait nouveau modifiant la situation et postérieur à l’ordonnance du juge d’appui avait été invoqué.

Source: Squire Sanders

Una de las primeras preguntas que se hace una empresa o un particular a la hora de iniciar un procedimiento judicial es si compensa por tiempos y costes. En España, un despacho de abogados de primer nivel puede llegar a cobrar por una demanda en defensa de una patente entre un millón y un millón y medio de euros por todo el proceso, una cifra que se dispara en países como Estados Unidos. Sin embargo, existen algunas razones para alentar a las compañías a seguir adelante. Ponérselo más difícil a los competidores, proteger una invención que ha llevado mucho esfuerzo personal y económico patentar o forzar acuerdos más beneficiosos con los oponentes son algunas de las motivaciones que pueden llevar a una empresa a iniciar esta travesía. Así lo cree Jean Devaureix, director de la asesoría jurídica de Pons Patentes y Marcas, en lo que respecta, por ejemplo, al caso de patentes. Este experto recuerda que la titularidad de una patente es el final del proceso de investigación y desarrollo, y la extensión de la misma en todo el mundo supone una gran inversión económica. Se trata de algo estratégico «en sectores en los que las patentes suponen el alma del negocio». Por todo ello, ve «poco coherente que habiendo realizado el titular de la patente importantes inversiones económicas, materiales y humanas, permita que un tercero se aproveche de dicha inversión y explote el objeto protegido libremente». Según Devaureix, «las empresas tecnológicas no están dudando en perseguir las violaciones de sus patentes allí donde se produzcan, algo que no sólo no va a disminuir, sino que se incrementará en los próximos años».

Dados los inconvenientes de acudir a los tribunales, otra vía para resolver estos problemas sería el arbitraje que, aunque costoso, es más rápido. «Las empresas tecnológicas no son ajenas a esta opción», apunta Alejandro Touriño, socio de Écija, pero matiza que lo que ocurre es que muchos de los casos recientes con más repercusión mediática, como la guerra entre Apple y Samsung o Microsoft y Motorola, tienen su origen en conflictos extracontractuales, lo que imposibilita el arbitraje que debe ser acordado expresamente por las partes. «Estos supuestos, que por su naturaleza deberían contar con un grado de conocimiento y pericia por parte del órgano que va a enjuiciarlos y que requieren de una rápida respuesta por la repercusión y cuantías implicadas, son claros ejemplos de que los órganos judiciales no siempre son capaces de proveer la reparación solicitada en el tiempo esperado», denuncia Touriño. La motivación de un gran proceso puede venir por cuestiones colaterales. «La mayoría de las grandes demandas se plantean para forzar a los competidores a llegar a un acuerdo», sostiene Ricardo Pérez, profesor de Sistemas y Tecnologías de la Información de IE Business School. Este experto apunta que, en el ámbito tecnológico, las compañías necesitan tener un número importante de patentes como parte de la estrategia de negociación, de ahí que les pueda interesar acudir a los tribunales en defensa de las mismas. El avance en la innovación implica usar patentes de la competencia y los acuerdos se fuerzan, a veces, con guerras judiciales. Cuando la pelea es en diferentes jurisdicciones, al llegar las primeras sentencias favorables a una de las partes, esto le da poder para lograr un acuerdo en mejores condiciones a cambio de parar el proceso.

Un sector propenso a las grandes batallas judiciales es el farmacéutico, que las utiliza para frenar la entrada de medicamentos genéricos. Una empresa como Pfizer puede llegar a gastarse 1.707 millones de euros al año en pleitos, como aparece recogido en la memoria del año pasado. Una de sus guerras más mediáticas ha sido en defensa de su patente de Viagra. Tecnológicas La guerra abierta entre Apple y Samsung en el mundo por patentes como la de la tableta es probablemente la que mayor repercusión ha obtenido en los últimos tiempos. Pero no es la única. Actualmente, Microsoft y Google están librando una sonada batalla por algunas licencias de las que era titular Motorola, recientemente adquirida por el buscador.

Un clásico en los tribunales es la guerra abierta entre Coca-Cola y Pepsi. Durante décadas se cruzaron demandas en los juzgados, invirtiendo miles de millones de dólares. Pepsi logró con ello notoriedad y cuota de mercado al ser equiparada a la marca de refrescos más famosa. En el siglo XXI, sigue el enfrentamiento, centrado en una posible copia de los diseños de las botellas.

Fuente: Expansión

“Estamos abiertos a que organizaciones como ALBA o Unasur intermedien”, señaló Moshiri, quien consideró que Chevron “tiene una buena relación con los países en América Latina”.

Asimismo, Moshiri aprovechó la entrevista para afirmar que Texaco, posteriormente adquirida por Chevron, “fue un buen socio en Ecuador, que siguió los procesos y procedimientos” y achacó el problema a “un grupo de abogados en Estados Unidos que no tienen otra intención que la de extraer dinero a Chevron”.

Fuente: Todo sobre arbitraje

Fuente: Lawyer Press

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1374082/los/jueces/buscan/vias/para/llevar/la/mediacion/los/conflictos/civiles.html